El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha manifestado hoy en nombre de esta organización su “pesar” por la muerte del capitán de la Guardia Civil, José María Galera Córdoba, del alférez Leoncio Bravo Picayo, así como de un intérprete nacionalizado español -tiroteados en Afganistán por un policía afgano dentro de los cursillos que los fallecidos impartían en el marco de la misión armada en la que participaban-, al tiempo que ha expresado su “respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos, amigos y compañeros”.
 
Cayo Lara ha vuelto a exigir al Gobierno español, “la retirada inmediata de nuestras tropas con urgencia y seguridad, porque en Afganistán hoy no hay más democracia, ni más seguridad, ni más desarrollo, ni más libertad. Por el contrario, sí hay más miseria, más odio social, más violencia y más hostilidad, manifestada ésta de múltiples formas”.
 
Se da la circunstancia de que tras conocerse los hechos, en los cuales fue abatido también el causante de las muertes de los agentes y el traductor, unas dos mil personas han protestando y arrojando piedras contra la base dónde están destinados una veintena de guardias civiles que realizan labores de adiestramiento de las fuerzas afganas, lo que expresa el incremento por primera vez en esta zona del rechazo popular a la invasión.
 
El coordinador federal ha querido dejar claro que “la actuación y las propuestas que IU viene realizando históricamente sobre la misión española en Afganistán no están hechas al calor de los acontecimientos, como sí es el caso de otras formaciones políticas que apoyan nuestra presencia militar en contra de la opinión de la mayoría del pueblo español”.
 
“Tras casi una década de ocupación -denuncia-, proseguir con la colaboración en esta misión sólo justifica los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos y comporta riesgos inaceptables para nuestros soldados y guardias civiles. Estamos ante una invasión con todas sus consecuencias, que ha provocado una guerra que dejará la peor de las herencias: una guerra civil”.
 
El coordinador federal de IU se ha referido a la “muy ilustrativa imagen” de varios miles de civiles afganos lanzando piedras contra la base donde se han producido las muertes “en una especie de Intifada, como aquella ‘Guerra de las piedras’ en la que los palestinos atacaron con los medios a su alcance al Ejército de Israel”.
 
“Basta de más muertes inútiles, las tropas a casa ya”, ha resumido Cayo Lara, para quien “además de la importantísima pérdida de vidas de seres humanos que estamos dejando en Afganistán, que ronda ya el centenar, y debe estar a la cabeza de las preocupaciones, existe una sangría económica superior al millón de euros diarios que, en una situación de crisis como la actual bien podría destinarse a actuaciones imprescindibles”.

Izquierda Unida Béjar-Candelario colectivo Iñaki Alonso.

Desde esta Asamblea, debemos manifestar nuestra incomprensión y desacuerdo acerca de la proposición de un expediente de regulación de empleo a los trabajadores de la estación de esquí de la Covatilla. Debemos decir que no se comprende el cómo en esta última temporada, que al parecer, ha sido de las mejores de todas en recaudación, nos encontramos a las alturas de agosto con una manera de actuar, por parte de los gestores de la empresa que explota dicha estación, de estas magnitudes. Llevan ya más de 2 meses, los trabajadores de esta empresa sin cobrar sus sueldos.

Desde Izquierda Unida, y por parte de un buen numero de la población de esta comarca, se intuye una presión hacia la Junta de Castilla y León para la renovación de las subvenciones que la empresa explotadora lleva años recibiendo, ante lo que debemos decir bien claro, que dicha Junta ha estado promocionando e invirtiendo enormes cantidades de dinero en inversiones en proyectos de poca rentabilidad y con poca previsión, en este caso de nieves en el paraje de la Covatilla. Así mismo, desde Izquierda Unida, y por este mismo motivo, no vemos moral utilizar a los trabajadores de dicha empresa, y a sus familias para presionar a la Junta.

Desde IU siempre se ha apostado por inversiones en desarrollo sostenible en la comarca, para poder tener de esta manera una diversificada industria, tanto turística, como de servicios.

La Asamblea de IU no descarta ningún tipo de movimiento en contra de este ERE y secundará cualquier movilización en pro de solidaridad con los trabajadores y ayuda a los sindicatos.

LOS TRABAJADORES NO COBRAN

Es lo que pasa en La Covatilla, la empresa que gestiona la estación de esquí no paga los salarios de los meses de Junio y Julio a los trabajadores que hacen posible el funcionamiento del “motor” de la economía de la comarca de Bejar. No contentos con esto anuncian medidas lesivas para toda la plantilla, mientras como no, piden y piden más subvenciones e inversiones públicas.

¿Dónde están los ingresos de la temporada record? 

Lamentamos que los que en el Parlamento Español parecían los defensores de los trabajadores no hayan tomado cartas en el asunto, claro está nos referimos al PP, partido que apoya desde La Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca a GECOBESA , procurándole dinero sin parar.

Esperamos que los alcaldes de la comarca se pongan las pilas y apoyen a sus ciudadanos en el derecho a cobrar los salarios que les deben por haber realizado su trabajo, y no se conformen con los pases para poder esquiar de “gorra”.

Creemos que ya es hora de que se mire al futuro de verdad, siendo este la declaración urgente del PARQUE NATURAL. No debemos hacer caso a los cantos de sirenas de los “vende motos” de negocios del siglo, cuando al poco tiempo hacen aguas por todas la nieves.

Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le solicita una reunión para conocer las razones de las medidas que está tomando el Ejecutivo, tal y como fueron expresadas en el debate sobre el estado de la Nación, que más que atender las necesidades de la base social y electoral del PSOE se dirigen a “contentar a los mercados, al poder financiero y a una parte importante del alto empresariado de éste país, justificando el castigo, actual y futuro, para los de abajo”, tal y como señala la misiva.
 
Frente a esta realidad, Lara señala que “vengo a reiterarle la necesidad de mantener un encuentro para explicarle, una vez más, nuestras alternativas para una salida social a la crisis”, tal y como ya hizo en la única entrevista mantenida hasta el momento por ambos, celebrada en el Palacio de La Moncloa en abril de 2009.
 
Para el máximo responsable de IU existe una estrecha relación entre las medidas de ajuste duro y reforma laboral contrarias a los intereses de los trabajadores y la connivencia entre PSOE, PP, CiU y PNV para no abordar una verdadera reforma de la Ley Electoral, desoyendo incluso el dictamen elaborado por el Consejo de Estado.
 
Por ello, la carta recoge también que otro de los temas de la entrevista sea la explicación por parte de Rodríguez Zapatero de “las ‘razones’ que le llevan a mantener este injusto, intolerable e indigno sistema electoral, que de no modificarse llevará a la paradoja de que con una mayoría de votos de izquierda de la ciudadanía gobierne un partido de derechas”.
 
 “Me cuesta mucho trabajo –indica Lara- resignarme a que el Partido Socialista Obrero Español considere eso lo mejor”.
 
El responsable federal de IU recrimina al presidente del Gobierno que no atienda las demandas de los sindicatos y que haga caso omiso a las propuestas constructivas que reiteradamente ha presentado Izquierda Unida, tanto a él personalmente como a través de distintas negociaciones como fueron las conversaciones de Zurbano. “Su cerrazón es clamorosa y con su discurso sólo fortaleció las razones para la Huelga General del 29-S”, señala  la carta.
 
Así mismo, el coordinador federal pone de relieve que el Gobierno cae reiteradamente en la estrategia del PP que presiona para que las decisiones que toma el Ejecutivo recojan los planteamientos de la derecha y, después de conseguirlo, le niega finalmente el voto.
 
Cayo Lara lamenta en su carta que ninguno de los dos partidos mayoritarios dé “una sola esperanza a los 4.645.000 de trabajadores en paro que nutren cada mañana las largas colas del INEM, ni a las decenas de miles de familias que los bancos están desahuciando de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca. Ni un gesto serio para que las pymes y  autónomos, con graves problemas de crédito, vean la más mínima luz”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, votará mañana en contra del nuevo texto del proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno que el PSOE está negociando y llegando a acuerdos, principalmente, con CiU y PP, aunque éstos es difícil que pasen de la abstención en la votación final. En su opinión, durante el trámite de ponencia se han “endurecido los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial, con lo que estamos ante el peor texto en materia laboral de toda la democracia”.
 
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso votará mañana jueves el informe de la ponencia sobre la reforma del mercado laboral y lo hará con competencia legislativa plena, es decir, que la propuesta será remitida al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno de la Cámara Baja.
 
Hasta entonces, Llamazares seguirá negociando con los grupos para eliminar la disposición transitoria que contempla que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), un organismo público, pase a financiar los despidos improcedentes. El diputado de IU tacha de “escándalo y vergüenza” que con dinero público se vaya a ayudar a que los empresarios puedan despedir incluso en casos que se dictamine como improcedentes por un juez.
 
Además, estima que el FOGASA no podrá cubrir las indemnizaciones derivadas de estos despidos, que pueden elevarse a cerca de 150.000 al año, multiplicando por 10 los 15.000 despidos que hasta ahora se contemplaban. Así se lo ha expresado al PSOE en los últimos contactos parlamentarios mantenidos hoy.
 
Llamazares ha trasladado al Gobierno dos alternativas a través de sendas enmiendas parciales: o la supresión total de esa disposición transitoria tercera de la ley o un nuevo redactado a la misma que recorte las obligaciones del FOGASA en ese tipo de despidos. En esta misma línea opinan los sindicatos, que consideran que si se procede de esta manera se perdería el papel disuasorio que deben jugar las indemnizaciones en las extinciones de los contratos.
 
En lo que se refiere al texto en general, el dirigente de IU estima que estamos ante una “contrarreforma laboral exprés”, que ha sido impuesta a los agentes sociales, que significa un retroceso y que desequilibra las relaciones entre los trabajadores y los empresarios a favor de estos últimos.
 
“Este es un proyecto que el Gobierno socialista elaboró pensando en pactar con la derecha parlamentaria que, además, está demostrando que es insaciable”, dijo.
 
Igualmente ha alertado de la gravedad de una enmienda incorporada al texto para endurecer la consideración como razón de despido el absentismo laboral, reduciendo los umbrales actuales. A este respecto, señaló que “aunque hay una parte de fraude en el absentismo, la enfermedad es la causa fundamental de la ausencia de un trabajador en su puesto, por lo que no se puede facilitar el despido por esa razón”.
 
En una enmienda que baraja el PSOE se plantea rebajar del 5% al 3% el porcentaje de absentismo que tendría que darse en el global de una plantilla para que el empresario proceda a los despidos individuales por esta misma causa. Esta tesis concita el respaldo del PP, CiU y Coalición Canaria y el rechazo firme de los sindicatos.
 
Llamazares indicó que también “se camina de manera peligrosa” hacia la privatización de los servicios públicos de empleo, que se subordinarán a las empresas de trabajo temporal y a las agencias de contratación.
 
Mientras, Gaspar Llamazares se felicitó por el hecho de que IU haya logrado incluir enmiendas que mejoran en la igualdad de género en materia laboral, inciden en el carácter formativo de los contratos, sobre todo de los jóvenes, y orientan las bonificaciones a los colectivos más discriminados y con más dificultades para acceder al mercado laboral y facilitar la transformación en fijos de los contratos.